El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, afirmó este lunes que el presidente Luis Abinader no posee facultad constitucional ni legal para instruir al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) a constituirse en actor civil en el caso de presunta corrupción que involucra a exfuncionarios de esa entidad.
Lorenzo sostuvo que el SeNaSa forma parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, amparado en la Ley 87-01, y opera como una institución autónoma con reglas propias. En ese sentido, afirmó que el mandatario “no puede intervenir en decisiones internas ni operativas” de un órgano de la seguridad social.
Según expresó, el anuncio realizado por el presidente Abinader busca “entretener a los dominicanos”, ya que —insistió— ni la Constitución ni las leyes le otorgan esa competencia.
El dirigente político exhortó a los ciudadanos afectados por el presunto desfalco en SeNaSa a constituirse en actores civiles contra los imputados, y aseguró que el PLD, junto a su equipo de abogados, está disponible para orientarlos en el proceso legal.
Lorenzo reiteró que quienes consideran haber sido perjudicados por el manejo irregular de fondos o por la falta de servicios médicos adecuados cuando eran afiliados del seguro, deben ejercer sus derechos y participar activamente en la búsqueda de reparación judicial.
El caso SeNaSa, actualmente bajo investigación del Ministerio Público, dio origen a la Operación Cobra, mediante la cual fueron arrestados el exdirector Santiago Hazim y otras siete personas, acusadas de integrar una presunta red que habría defraudado a la ARS pública por miles de millones de pesos.
Las autoridades ejecutaron 12 allanamientos, con la participación de 25 fiscales y más de 200 agentes policiales, logrando el arresto de los coimputados: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El Ministerio Público sostiene que la investigación busca no solo sanciones penales, sino también el recuperación de los fondos públicos presuntamente sustraídos.