Santo Domingo.- Participación Ciudadana presentó su séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, centrado en el caso del SENASA, en el que se detalla un presunto esquema de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos del sector salud.
El documento, basado exclusivamente en el expediente del Ministerio Público, expone acusaciones que incluyen sobornos, manipulación financiera y enriquecimiento ilícito, afectando directamente a la población más vulnerable.
El informe resalta el impacto social del caso, señalando el presunto uso de fondos de salud en bienes de lujo como vehículos, relojes valorados en más de cinco millones de pesos y botellas de whisky de más de 100 mil pesos.
Acusan creación de estructura criminal dentro de SENASA
De acuerdo con el expediente, se habría creado una estructura de crimen organizado dentro del SENASA, con obstrucción de la transparencia interna, programas fraudulentos para recibir sobornos, adulteración de estados financieros y desvío de fondos que comprometieron la solvencia de la institución.
Se señalan sobornos por más de RD$4,000 millones y la utilización de empresas de fachada para el lavado de activos. Programas como NUTRISALUD habrían sido utilizados como vía para canalizar pagos ilícitos, incluyendo RD$100 millones en entregas iniciales, RD$529 millones en transferencias y más de RD$1,165 millones acumulados hasta 2024.
Manipulación financiera y ocultamiento de cifras
Durante la gestión de Santiago Hazim, se habrían alterado los estados financieros para ocultar la situación real de la institución. Una comisión interna detectó una diferencia superior a RD$14,340 millones, evidenciando un presunto subregistro sistemático de reservas técnicas.
El imputado habría generado ingresos ilícitos por más de RD$2,881 millones, utilizados en la adquisición de bienes de lujo mediante terceros para ocultar su origen.
Participación Ciudadana enfatizó que el contenido del informe no constituye una valoración propia, sino una síntesis basada únicamente en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público, de 537 páginas. La organización elaboró una versión resumida de 32 páginas para facilitar el acceso ciudadano.