La exigencia del presidente de Donald Trump de que Venezuela rompa de forma inmediata sus relaciones comerciales y estratégicas con China y Rusia, expulse a ciudadanos iraníes de su territorio y reoriente su política exterior hacia Washington, marca un punto de inflexión geopolítico de alto impacto para el Caribe y América Latina.
La solicitud, formulada tras la detención de Nicolás Maduro y en medio de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta, no es un simple condicionamiento diplomático, sino una apuesta directa por redibujar el mapa de poder regional.
Durante más de dos décadas, Venezuela construyó un entramado de alianzas estratégicas con potencias críticas del orden internacional liderado por Estados Unidos. China, Rusia e Irán se consolidaron no solo como socios comerciales, sino como pilares políticos, financieros y militares que permitieron al chavismo resistir sanciones, aislamiento y presión internacional.
Romper con ese eje no implica un giro pragmático, sino una ruptura estructural con la lógica que ha definido al Estado venezolano desde inicios del siglo XXI.
El peso de las alianzas
China ha sido el socio económico más determinante: créditos, infraestructura y acuerdos energéticos de largo plazo aseguraron suministro petrolero a Pekín y un salvavidas financiero a Caracas cuando se cerraron los mercados occidentales.
Rusia aportó respaldo político, cooperación militar y presencia directa en el sector petrolero, además de fungir como contrapeso geopolítico frente a Washington.
Irán, con menor peso económico, consolidó una relación ideológica y logística que desafió abiertamente las sanciones estadounidenses.
En ese contexto, la exigencia de Trump trasciende lo bilateral.
¿Qué gana y qué pierde Venezuela?
Aceptar las condiciones supondría un realineamiento total con Estados Unidos. En el corto plazo, podría abrirse la puerta al levantamiento de sanciones, a la entrada de capital estadounidense y a una recuperación acelerada del sector petrolero bajo tutela de empresas norteamericanas.
El costo político, sin embargo, sería elevado: buena parte del aparato chavista y su narrativa se construyeron sobre la resistencia a Washington y la defensa de una política exterior “soberana”. Además, una ruptura abrupta con China y Rusia no quedaría sin respuesta: retiro de inversiones, exigencias de pago de deudas, presión diplomática o el uso del caso venezolano como ficha de negociación global (de Europa del Este al Indo-Pacífico).
¿Y si no acepta?
Rechazar las exigencias también conlleva riesgos: endurecimiento de sanciones, mayor restricción financiera y fragilidad económica persistente en un país aún dependiente del petróleo. Mantener el eje con China, Rusia e Irán garantiza respaldo político y mercados alternativos, pero con peores condiciones y mayores costos logísticos.
Un rechazo abierto podría reavivar una lógica de Guerra Fría regional, con Venezuela como punto de fricción entre bloques de poder. Para Washington, tolerar una Venezuela alineada con rivales en su esfera de influencia sería debilidad estratégica; para Pekín y Moscú, ceder ese espacio sería retroceso geopolítico.
La decisión
En el fondo, la encrucijada de Delcy Rodríguez es existencial:
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Reinserción acelerada en el sistema liderado por EE. UU., con beneficios inmediatos pero menor margen de maniobra; o
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Persistir en alianzas alternativas, preservando autonomía política a costa de mayor presión y aislamiento.
Cualquiera de las dos rutas tendrá consecuencias profundas, no solo para Venezuela, sino para el equilibrio de poder en toda la región.