Los implicados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SENASA), encabezados por su exdirector ejecutivo Santiago Hazim, se exponen a condenas que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, conforme a los tipos penales atribuidos en el expediente judicial de la denominada Operación Cobra.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados incluyen lavado de activos, delito contemplado en la Ley 155-17, el cual establece sanciones que van de 10 a 20 años de cárcel, además de multas equivalentes a entre 200 y 400 salarios mínimos, así como el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita y la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas o financieras.
Las autoridades sostienen que el entramado investigado habría provocado un perjuicio económico superior a los RD$15,000 millones, afectando directamente los recursos destinados a la cobertura de salud de millones de dominicanos.
Junto a Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Rafael Martínez Hazim y Heiry Mariela Pinela, quienes enfrentan múltiples cargos de carácter penal y administrativo.
El expediente, instrumentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), atribuye a los encartados delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, falsificación y uso de documentos falsos, además de infracciones vinculadas a crímenes y delitos de alta tecnología.
En el caso específico de Santiago Hazim, el Ministerio Público le imputa violaciones a principios constitucionales contra la corrupción, así como supuestos actos de prevaricación, coalición de funcionarios, soborno y lavado de activos, sustentados en diversas disposiciones del Código Penal, la Ley 53-07 y la Ley 155-17.
Mientras continúa el conocimiento de las medidas de coerción, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones, a fin de establecer responsabilidades individuales y determinar las sanciones que correspondan conforme al marco legal vigente.