A partir de hoy entra oficialmente en vigor la Ley 47-25, una nueva pieza legislativa orientada a transformar de manera profunda el Sistema de Contrataciones Públicas, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la integridad institucional y el uso eficiente de los recursos del Estado.
La normativa surge como respuesta a una demanda sostenida de la ciudadanía por mayores controles y mecanismos que prevengan actos de corrupción en los procesos de compras y contrataciones públicas, estableciendo reglas más claras, fiscalización reforzada y mayores niveles de responsabilidad para los actores involucrados.
La Ley 47-25 introduce cambios estructurales dirigidos a eliminar las llamadas “brechas de discrecionalidad” que históricamente han afectado los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y obras, creando un marco más riguroso que limita decisiones arbitrarias y promueve procesos competitivos y verificables.
Entre los principales alcances de la nueva legislación se destacan el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, la ampliación de los criterios de transparencia, el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento y la modernización de los procesos de contratación, con énfasis en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
Autoridades y especialistas consideran que la entrada en vigencia de esta ley representa un paso significativo en la consolidación de un sistema de compras públicas más confiable, alineado con estándares internacionales y con los principios de eficiencia, legalidad y equidad en la administración de los fondos públicos.
La implementación de la Ley 47-25 marca un nuevo capítulo en la gestión pública de la República Dominicana, con el reto de garantizar su correcta aplicación y de generar confianza ciudadana en los procesos de contratación del Estado.