Nuevas evidencias obtenidas por el Ministerio Público durante los allanamientos realizados como parte de la Operación Cobra fortalecen la tesis de que la empresa Lufarca S.R.L. habría servido como canal para el pago de sobornos destinados a favorecer adjudicaciones y contratos dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
Según el expediente depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, durante una diligencia de allanamiento efectuada el 6 de diciembre de 2025 en una vivienda ubicada en el sector San Gerónimo, Distrito Nacional, las autoridades ocuparon documentación bancaria perteneciente a Ada Ledesma Ubiera, imputada en el caso.
Entre los documentos confiscados figuran registros con conceptos como “comisiones”, “préstamos”, “adelantos”, “cierre de negociaciones” y “adelanto de comisión”, términos que, de acuerdo con la acusación, reflejan la estructura financiera mediante la cual se habrían canalizado pagos irregulares vinculados a la red de corrupción investigada.
Lufarca, señalada como suplidora privilegiada mediante mecanismos irregulares
La investigación establece que Lufarca S.R.L. recibió más de RD$38 millones en contratos y pagos provenientes de SENASA, particularmente a través del programa SENASA Cuida de Ti, donde fue seleccionada para la provisión de proteínas y pañales.
El Ministerio Público sostiene que estos procesos de compra estuvieron marcados por anomalías significativas y por la intervención de funcionarios que actuaron al margen de la normativa.
De acuerdo con la acusación, los pagos identificados no corresponderían a transacciones comerciales legítimas, sino a beneficios económicos utilizados para sostener un esquema de favoritismo en la adjudicación de servicios, dejando de lado los criterios técnicos y legales que rigen las compras públicas.
Red de sobornos y desvío de fondos
Para los fiscales a cargo del caso, los documentos ocupados constituyen una pieza clave que confirma la existencia de una red estructurada de pagos ilícitos a funcionarios, destinada a manipular procesos internos y garantizar ventajas competitivas a empresas vinculadas al entramado.
El Ministerio Público señala que estas prácticas lesionaron el patrimonio estatal y afectaron de manera directa el acceso oportuno a bienes y servicios destinados a la población afiliada al sistema de salud.
Medida de coerción se conocerá en las próximas horas
La solicitud de coerción contra los imputados de la Operación Cobra está programada para ser conocida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo, mientras continúa ampliando las investigaciones sobre la ruta del dinero y la participación de actores privados y públicos dentro de la presunta red criminal.