La defensa del mayor Diego Geraldo Mesa, miembro del Ejército de la República Dominicana, sostuvo que la joven Perla Yokasta Santos, de 19 años, se encontraba acompañada de presuntos integrantes de una estructura delictiva conocida como “Chiqui Bomba” al momento de los hechos que culminaron con su muerte en el sector Los Guandules.
Durante declaraciones ofrecidas tras el aplazamiento de la audiencia, el abogado defensor Rolando Corniel argumentó que la joven habría estado en compañía de personas vinculadas a actividades criminales procedentes del sector La Ciénaga, señalando que la situación se desarrolló en un entorno considerado de alto riesgo.
El jurista cuestionó además el nivel de supervisión familiar, indicando que, según su versión, la víctima salió de madrugada sin que se ejerciera un control efectivo por parte de sus tutores. A su entender, esta circunstancia incidió en la cadena de eventos que derivaron en el desenlace fatal.
Versión de la defensa
La defensa explicó que la persona que presuntamente conducía la motocicleta en la que se desplazaba la joven declaró haber recorrido distintos sectores del Gran Santo Domingo, entre ellos Villa Duarte, Los Mina y la zona de la avenida Francisco del Rosario Sánchez, antes de llegar a Los Guandules, asegurando que el trayecto se realizó sin inconvenientes mecánicos.
Asimismo, el equipo legal afirmó que el mayor Mesa fue víctima de un intento de asalto, versión que —según indicaron— estaría respaldada por imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en una estación de combustible cercana al lugar de los hechos.
De acuerdo con la defensa, el oficial notificó de inmediato lo ocurrido a sus superiores y se presentó voluntariamente ante las autoridades, razón por la cual fue posteriormente remitido a la jurisdicción ordinaria, conforme a los procedimientos establecidos.
Proceso judicial en curso
El tribunal decidió aplazar la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción, mientras el Ministerio Público mantiene la calificación provisional del expediente como homicidio voluntario y continúa ampliando las investigaciones para determinar responsabilidades.
Las autoridades reiteraron que el proceso sigue abierto y que todas las versiones serán evaluadas conforme a las pruebas que se presenten ante la justicia.