La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, calificó como lamentables los hechos que involucran al rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, al considerar que, por tratarse de un funcionario joven, se esperaba una conducta distinta en el ejercicio de sus funciones.
“Es una pena y es muy lamentable, porque es una persona joven que está en esa posición y uno aspira a que la gente joven no repita las conductas e inconductas del pasado, sino que llegue con nuevas ideas y formas de hacer política de manera íntegra y transparente”, expresó Blanco al ser consultada sobre el tema.
La coordinadora atribuyó este tipo de situaciones al alto costo que implica la actividad política, lo que —según indicó— lleva a algunos funcionarios a buscar recursos de manera indebida para sostener proyectos personales o políticos, en lugar de enfocarse en una gestión pública eficiente y ética.
“Muchas veces creen que para mantenerse en espacios de poder deben recurrir a prácticas incorrectas. Lo que corresponde es enfocarse en la función pública, que sea esa gestión la que hable por sí sola y que, a partir de los resultados, la ciudadanía decida”, sostuvo.
Sobre el caso ITLA
Las declaraciones surgen a raíz de informaciones que señalan que un grupo de empleados del ITLA habría realizado aportes económicos periódicos, equivalentes a un porcentaje de su salario, para el sostenimiento de un movimiento político vinculado a su rector.
De acuerdo con datos institucionales, el ITLA cuenta con más de 650 empleados y una masa salarial mensual superior a RD$25 millones. Los señalamientos indican que solo una parte del personal estaría vinculada a dicho movimiento y que los aportes no involucrarían a la totalidad de los servidores públicos de la institución.
Participación Ciudadana reiteró su llamado a que los funcionarios públicos actúen con apego a la ley, la transparencia y la ética, recordando que el uso indebido de recursos o la presión sobre empleados para fines políticos vulnera principios fundamentales del Estado de derecho y la buena administración pública.