En medio de las discusiones públicas sobre seguridad y soberanía, legisladores dominicanos defendieron este miércoles la plena legalidad de los acuerdos de cooperación que mantienen República Dominicana y Estados Unidos para enfrentar el crimen transnacional. Las declaraciones surgieron tras la reciente autorización que permite al Poder Ejecutivo habilitar áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para maniobras técnicas vinculadas a operaciones de interdicción.
De acuerdo con las autoridades, estas disposiciones se realizan bajo el marco jurídico del Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea, firmado en 1995 durante el gobierno de Joaquín Balaguer y posteriormente ampliado en 2003 por la administración de Hipólito Mejía, convirtiéndose en un instrumento bilateral que continúa vigente y regulado.
El senador Pedro Catrain destacó que todos los convenios firmados por el Estado pasan por los mecanismos constitucionales de control legislativo. Aseguró que cada acuerdo es evaluado previamente por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, antes de someterlo al pleno para su aprobación.
En la explicación técnica, se recordó que el acuerdo contempla la cooperación en el rastreo de embarcaciones sospechosas y autoriza el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en misiones de interdicción, respetando los protocolos vigentes entre ambas naciones.
El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, señaló que el artículo 1, párrafo 10 del convenio, establece que cuando una embarcación perseguida ingresa al territorio dominicano, ambas partes pueden ejercer jurisdicción para completar la operación, garantizando que las acciones se realicen bajo supervisión y dentro del marco legal.
Por su parte, las diputadas Kenia Bidó y Ramón Bueno (PRM) resaltaron que la cooperación internacional es fundamental para enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales, subrayando que el acuerdo aporta herramientas de vigilancia y respuesta sin afectar la soberanía dominicana.
El presidente Luis Abinader, tras reunirse con el secretario de Defensa de EE. UU., explicó que la autorización temporal permitirá el reabastecimiento de aeronaves y el traslado de personal técnico estadounidense, acciones orientadas a mejorar las capacidades de monitoreo, control y operatividad frente al crimen organizado en el Caribe.
La posición del Congreso reafirma que los acuerdos vigentes se ajustan al marco constitucional y representan una herramienta estratégica para proteger el territorio frente a amenazas transnacionales.