Diversas comunidades urbanas del Gran Santo Domingo realizaron una marcha este miércoles desde el Congreso Nacional hasta la Oficina del Abogado del Estado, en protesta contra los desalojos forzosos y para exigir la creación de un marco legal que garantice el derecho a una vivienda digna.
Los manifestantes denunciaron que numerosas familias han sido víctimas de desalojos y amenazas de expulsión, a pesar de residir por años en sectores donde el Estado ha desarrollado infraestructura pública. Señalaron que estas acciones vulneran derechos y generan incertidumbre en comunidades históricamente establecidas.
El representante comunitario Santo Mota afirmó que las familias afectadas reclaman un proceso justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad social.
Las comunidades solicitaron avanzar hacia una legislación que prohíba los desalojos arbitrarios, garantice notificaciones formales y establezca la obligación del Estado de ofrecer alternativas habitacionales adecuadas cuando se requieran intervenciones urbanísticas o proyectos públicos.