El Comercio Organizado de Provisiones emitió una declaración pública dirigida al presidente Luis Abinader, al Congreso Nacional y a la opinión pública, expresando su preocupación por la reciente aprobación de la Ley 98-25, que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos 225-20.
Durante un encuentro con la prensa, el documento fue leído por Olga Pallero, quien advirtió que la normativa introduce trabas y disposiciones desproporcionadas que, a juicio del sector, podrían afectar de manera directa la operatividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas uno de los principales motores del desarrollo económico nacional.
La organización señaló que varios de los artículos contemplados en la ley establecen cargas económicas que no toman en cuenta la realidad financiera ni el nivel de generación de residuos de cada empresa, lo que podría traducirse en una presión adicional para los negocios de menor escala.
En ese sentido, el presidente del organismo, Jorge Jerez, sostuvo que la ley crea tasas contributivas fijas que podrían derivar en una doble tributación, además de no diferenciar entre empresas de acuerdo con su impacto ambiental, lo que considera una aplicación injusta y poco equitativa.
Por su parte, el secretario del Comercio Organizado de Provisiones, Marino Calderón, aclaró que el sector no persigue la paralización de actividades comerciales ni la convocatoria a huelgas, sino la apertura de un diálogo responsable y constructivo que permita introducir ajustes razonables a la legislación.
El organismo reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes para analizar las implicaciones económicas y operativas de la ley, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre una gestión eficiente de los residuos sólidos y la viabilidad de las mipymes, sin menoscabar los esfuerzos de protección ambiental del país.
Finalmente, el Comercio Organizado de Provisiones hizo un llamado a los legisladores y al Poder Ejecutivo para que escuchen las inquietudes del sector productivo y se propicie un consenso que garantice una aplicación justa, sostenible y coherente de la normativa.