El ingeniero agrónomo y ambientalista José Manuel Mateo, exdirector de Biodiversidad y exdirector de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, afirmó que reducir o flexibilizar las zonas de amortiguamiento no es beneficioso para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y advirtió que hacerlo representaría un serio retroceso para la conservación ambiental de la República Dominicana.
Durante su participación en el Encuentro Verde de Listín Diario, Mateo —miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD)— explicó que las zonas de amortiguamiento están claramente definidas en el decreto 571-09, el cual establece una franja de 300 metros alrededor de áreas protegidas de las categorías I a la IV de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), conforme a la Ley 202-04.
Mateo recordó que la Resolución 0010/2018 reglamenta el manejo de estas zonas y ha sido altamente efectiva desde su aplicación, al impedir que intereses políticos, empresariales o incluso institucionales impulsen proyectos incompatibles con la protección ecológica de las áreas protegidas.
Función clave para la integridad ecológica
“El objetivo de la zona de amortiguamiento es proteger la integridad ecológica de las áreas protegidas frente a actividades externas como la urbanización, la agricultura intensiva, el turismo desordenado, la minería o las infraestructuras viales”, explicó el especialista. En ese sentido, sostuvo que no tiene lógica que las propias autoridades encargadas de resguardar el Sinap promuevan debilitar estos mecanismos de protección.
Mateo fue enfático al señalar que las zonas de amortiguamiento no deben ser objeto de desarrollos a gran escala, ni de permisos para urbanización, subdivisiones o saneamientos de terrenos, ya que esto desnaturaliza completamente su función. “Si se permite un proyecto, se abre la puerta a muchos más, y la zona de amortiguamiento termina convertida en un polo de desarrollo, justo lo que se pretende evitar”, advirtió.
“Inversión a cualquier precio”, un riesgo nacional
El ambientalista alertó que flexibilizar estas normativas bajo el argumento de atraer inversión representa un grave riesgo para el presente y el futuro del país. “La inversión a cualquier precio amenaza los ecosistemas que proveen servicios ambientales esenciales como agua, alimentos, salud, turismo y calidad de vida”, afirmó.
En ese contexto, subrayó la importancia estratégica de ecosistemas como la Cordillera Central, donde se genera más del 80 % del agua que consume la población dominicana. “Sin agua no hay vida, y ese recurso no lo fabrica el ser humano, lo produce la naturaleza. Por eso estos territorios deben ser protegidos con especial rigor”, sostuvo.
Aportes y logros de la Comisión Ambiental
Mateo destacó que la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la ACRD ha sido un actor clave en la defensa del patrimonio natural del país. Entre sus logros recientes citó la elaboración de planes de manejo para áreas protegidas como Boca de Nigua, Laguna Mallén y el Monumento Natural Dunas de Las Calderas; informes técnicos solicitados por el Senado para descartar proyectos de alto impacto ambiental; y su rol en la defensa de espacios como Los Haitises, Loma Miranda y el Jardín Botánico Nacional.
Asimismo, resaltó el acompañamiento técnico a comunidades afectadas por conflictos ambientales, la publicación continua de la revista científica Verdor y su asesoría a la Procuraduría de Medio Ambiente en procesos legales por incumplimientos ambientales.
Retos estructurales para la gestión ambiental;
Finalmente, Mateo identificó como principales retos la consolidación institucional del Ministerio de Medio Ambiente, la aplicación imparcial de la ley, la planificación a largo plazo, la participación real de la sociedad civil y una evaluación profunda de la gestión ambiental tras más de 26 años de funcionamiento del ministerio.
A su juicio, el país necesita avanzar hacia un Pacto Ambiental Nacional, con metas claras y vinculantes para los gobiernos presentes y futuros. “La protección de las áreas protegidas no es un lujo ni un romanticismo ambientalista; es una condición indispensable para el desarrollo, el bienestar y la supervivencia de la nación”, concluyó.