El presidente de la República, Luis Abinader, aprobó este miércoles, mediante el Decreto 52-26, el Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, dando inicio a una nueva etapa orientada al fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Durante un acto celebrado en el Palacio Nacional, con la participación de ministros, directores generales y representantes de los órganos de control y del Ministerio Público, el mandatario afirmó que, a partir de hoy, todas las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la ley deberán adoptar y cumplir de manera obligatoria el nuevo marco normativo en sus procesos de contratación.
El presidente explicó que el nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia, fortalece los controles y promueve una cultura de prevención, en consonancia con el compromiso gubernamental de proteger los recursos públicos y cerrar espacios a la improvisación y la falta de controles. Subrayó que la reforma no busca obstaculizar la gestión pública, sino hacerla más eficiente, previsible y confiable, con decisiones trazables y responsables verificables.
Abinader sostuvo que la normativa alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, asegurando la permanencia de reglas claras más allá de cualquier gobierno. Asimismo, reconoció el trabajo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que contribuyeron a la elaboración del reglamento.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró el respaldo del Poder Ejecutivo y destacó que la transparencia se consolida como política pública con resultados, señalando que la presencia de la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude y los órganos de control garantiza una implementación acompañada y supervisada.
Pimentel indicó que la aplicación de la ley será gradual, ordenada y responsable, conforme al cronograma aprobado, con procesos de capacitación y acompañamiento a las instituciones y a los proveedores, para asegurar la correcta adaptación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Estado.