El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, sostuvo que el financiamiento público a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tiene como finalidad esencial compensar las desigualdades estructurales entre las organizaciones partidarias, especialmente en su capacidad para captar recursos privados, y garantizar así un sistema democrático más equitativo y plural.
Durante su discurso de rendición de cuentas en la Audiencia Solemne por el décimo cuarto aniversario del TSE, Camacho Hidalgo explicó que este mecanismo de financiamiento permite a las organizaciones políticas cumplir sus funciones constitucionales, sostener sus estructuras internas y proyectarse con posibilidades reales de competencia en los procesos electorales, favoreciendo la diversidad de ideas y propuestas en el escenario político nacional.
El magistrado destacó como un hito jurisprudencial la sentencia TSE/0010/2025, mediante la cual el Tribunal redefinió las reglas para la categorización de los partidos, el acceso al financiamiento público y el orden en la boleta electoral. Esta decisión interpretó la expresión legal de “última elección”, contenida en el artículo 61 de la Ley 33-18, como “ciclo electoral”, permitiendo así computar los votos válidos obtenidos en todas las elecciones generales ordinarias celebradas en un mismo año electoral.
Según explicó, este nuevo criterio ofrece una medición más precisa de la verdadera fuerza electoral de cada organización política, al considerar el desempeño global en todos los niveles de elección, lo que impacta directamente tanto en la asignación de recursos públicos como en la ubicación en la boleta.
Camacho Hidalgo fue enfático al señalar que los partidos políticos no pueden adelantar etapas del calendario electoral ni promover precandidaturas fuera de los plazos establecidos por la ley, ya que dichas prácticas afectan la equidad y vulneran la democracia interna. En ese sentido, recordó que la sentencia TSE/0011/2025 abordó las acciones de precampaña anticipadas, estableciendo un equilibrio entre la autodeterminación partidaria y el respeto a los principios democráticos internos.
El presidente del TSE también subrayó que la misión del tribunal trasciende la restauración de derechos político-electorales, al incluir competencias fundamentales en materia de identidad y registro civil, como la rectificación de actas del estado civil y los cambios de nombre, áreas donde una decisión oportuna puede incidir directamente en la vida y dignidad de las personas.
Asimismo, informó que el tribunal ha acogido acciones de amparo presentadas por ciudadanos que se encontraban inscritos en colegios electorales de demarcaciones distintas a su lugar real de residencia, una situación que vulneraba el derecho constitucional a elegir y ser elegible.
En cuanto a los conflictos interpartidarios, el magistrado resaltó decisiones que anularon resoluciones disciplinarias por violaciones al debido proceso, reafirmando la importancia del derecho de defensa, la presentación de pruebas y la debida notificación como garantías esenciales dentro de las organizaciones políticas.
Al presentar los resultados del año 2025, Camacho Hidalgo informó que el TSE procesó 6,739 expedientes, de los cuales la mayoría correspondieron a rectificaciones de actas del estado civil y solicitudes de cambio de nombre, además de decenas de casos contenciosos electorales. En el balance del período 2021-2025, el tribunal tramitó 24,367 expedientes y dictó 23,367 decisiones, consolidando su compromiso con una justicia electoral eficiente, accesible y centrada en la dignidad humana.