La desaparición y posterior muerte de la menor Brianna Genao González, ocurrida el pasado 31 de diciembre en el municipio de Imbert, ha generado una profunda conmoción en la sociedad dominicana y provocado reacciones inmediatas en el Congreso Nacional, donde distintos legisladores han exigido justicia y una reflexión responsable ante la gravedad del caso.
El hecho, que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, ha reabierto el debate sobre la protección de la niñez y la necesidad de fortalecer las sanciones frente a delitos de violencia infantil.
Durante sus intervenciones, varios congresistas calificaron el suceso como desgarrador y coincidieron en que el Estado debe enviar un mensaje claro de intolerancia frente a cualquier forma de abuso contra menores. En ese contexto, el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez Adames, sostuvo que casos como este obligan a revisar con urgencia la efectividad del marco legal vigente.
De igual manera, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, expresó que la sociedad demanda respuestas firmes y sanciones ejemplares que contribuyan a prevenir hechos similares en el futuro.
En contraste, la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginette Bournigal, hizo un llamado a la prudencia, señalando que el proceso judicial debe desarrollarse con apego estricto a la ley y al debido proceso, evitando juicios anticipados que puedan afectar la institucionalidad.
De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades, los tíos de la menor, Rafael Rosario Núñez, alias Papito, y Reyes Rosario Núñez, habrían confesado su participación en el crimen. Ambos permanecen detenidos bajo custodia de la Policía Nacional en la provincia de Puerto Plata, a la espera de que el Ministerio Público solicite las medidas correspondientes.
El caso Brianna Genao ha reavivado el debate nacional sobre la protección integral de la niñez y la responsabilidad del Estado de garantizar justicia, sin apartarse de los principios constitucionales y del respeto a los derechos fundamentales.