La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de este municipio decidió admitir al fondo una acción judicial interpuesta contra una disposición del Ayuntamiento local que establece el cobro de RD$1,500 por la colocación de dispositivos inmovilizadores a vehículos mal estacionados.
La demanda fue presentada por el abogado Jer Yan Lantigua, quien cuestiona la legalidad de la medida municipal y solicitó, además, la aplicación de una medida cautelar para suspender de manera provisional la ejecución de la referida disposición, mientras el tribunal conoce el proceso principal.
Como parte del procedimiento, el tribunal ordenó al demandante notificar formalmente la acción al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y al Procurador General Administrativo, a fin de que presenten sus argumentos de defensa tanto en la forma como en el fondo, dentro del plazo establecido por la ley.
El accionante explicó que, una vez agotadas las notificaciones correspondientes, el tribunal podrá fijar fecha para conocer la solicitud de suspensión provisional y, posteriormente, avanzar con el conocimiento del fondo del recurso.
Mientras el proceso judicial continúa su curso, las autoridades municipales mantienen la aplicación de la medida, lo que ha generado cuestionamientos de distintos sectores, incluyendo especialistas en derecho municipal, quienes han advertido sobre posibles implicaciones legales y administrativas si se determina que la disposición vulnera el principio de legalidad.