El doctor Isaías Ramos consideró que las iniciativas estatales dirigidas a combatir la corrupción deben ser valoradas en función de resultados comprobables, y no únicamente por la cantidad de investigaciones abiertas, reportes emitidos o anuncios oficiales realizados en los últimos años.
Ramos señaló que, a pesar de los avances normativos y administrativos vinculados a la Unidad Antifraude, la ciudadanía carece de información pública suficiente sobre aspectos clave como sentencias definitivas, recuperación efectiva de recursos públicos y reversión de contratos que hayan generado perjuicios al Estado.
A su juicio, una evaluación objetiva de la lucha anticorrupción debe responder preguntas concretas relacionadas con el impacto real de estas acciones, incluyendo el nivel de responsabilidad penal establecido en tribunales, el retorno verificable de fondos al erario y las medidas correctivas aplicadas a procesos administrativos irregulares.
El profesional de la salud sostuvo que los mecanismos de prevención y fiscalización son necesarios dentro del aparato estatal, pero advirtió que los procedimientos en curso no sustituyen los fallos judiciales ni garantizan por sí solos la restitución del daño causado al patrimonio público.
Al referirse a investigaciones recientes en el sector salud, Ramos destacó que los casos vinculados a instituciones que administran servicios esenciales requieren especial atención, debido a su impacto directo sobre derechos fundamentales de la población. En ese sentido, subrayó que las medidas judiciales adoptadas en procesos en desarrollo forman parte de etapas preliminares y no constituyen resultados definitivos.
Asimismo, llamó a evitar la confusión entre decisiones procesales y conclusiones judiciales finales, al tiempo que alertó sobre los efectos que la prolongación de los procesos puede tener en la confianza ciudadana.
Como propuesta, planteó la creación de un sistema público de seguimiento, que permita a la población acceder a información periódica sobre el avance de los casos, los plazos procesales y los montos efectivamente recuperados por el Estado.
Ramos concluyó que el fortalecimiento de la política anticorrupción pasa por mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y divulgación clara de resultados, como vía para consolidar la credibilidad institucional.