La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social (CONVERSS) acudió este lunes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para formalizar su adhesión a la solicitud de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra los implicados en el presunto desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La organización depositó la documentación que respalda la petición del Ministerio Público de imponer prisión preventiva y declarar el proceso como caso complejo, al considerar que los hechos investigados comprometen recursos esenciales destinados a la atención médica de la población más vulnerable.
La solicitud de coerción incluye a Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma Ubiera, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler, señalados por presunta violación de múltiples disposiciones del Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
“No puede haber acuerdos ni concesiones”
Durante el acto de entrega, representantes de CONVERSS insistieron en que los hechos investigados han tenido consecuencias graves para miles de ciudadanos que dependen del sistema público de salud.
El abogado y dirigente social Surun Hernández calificó la alegada trama de corrupción como “un crimen inhumano que afectó directamente a personas de escasos recursos económicos”.
“Estos hechos representan una afrenta a la vida y la dignidad. No puede existir piedad ni indulgencia hacia quienes participaron en una red que desvió fondos destinados a tratamientos médicos, provocando pérdidas humanas evitables”, sostuvo.
Hernández afirmó que la organización continuará acompañando a las víctimas y presionando para que se identifique y procese no solo a los imputados actuales, sino también a los empresarios y actores que, a su juicio, tuvieron una participación determinante en el perjuicio causado.
Víctimas y organizaciones acompañan el proceso
La querella presentada incluye como víctimas al propio SeNaSa, al Estado dominicano y a diversas organizaciones sociales, entre ellas CONVERSS, la Fundación Primero Justicia (FPJ) y el activista Francisco Manuel Ramírez.
Las entidades reiteraron su posición de rechazar cualquier tipo de acuerdo o salida alterna que implique beneficios procesales para los involucrados, insistiendo en que el caso debe ser llevado hasta las últimas consecuencias.
Compromiso con la transparencia
La Convergencia adelantó que mantendrá vigilancia activa durante todas las fases del proceso judicial y reafirmó que su objetivo es contribuir a que los fondos de la seguridad social sean protegidos y gestionados con total transparencia.