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Sunday, 1 de February 2026

Nacional

Rechazo total en SFM por colocación de bloqueadores de ruedas y cobro de RD$1,500

La decisión del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís de implementar bloqueadores de ruedas para vehículos mal estacionados, acompañada de un cobro de RD$1,500 para liberar cada unidad, desató un amplio malestar entre residentes y usuarios del municipio, quienes cuestionan la legalidad y transparencia de la medida.

El abogado Jer Yan Lantigua sometió una acción de amparo y un recurso contencioso administrativo ante la Primera Cámara Civil y Comercial de la provincia Duarte, solicitando la suspensión inmediata del reglamento municipal al considerar que vulnera el principio de legalidad y excede las competencias de la autoridad local.

Según explicó, no existe ninguna ley nacional ni ordenanza municipal que autorice el uso de estos dispositivos como medida sancionadora, ni que faculte a agentes municipales a efectuar cobros directos por supuestas infracciones de tránsito.

Denuncias por falta de notificación y cobros irregulares

Diversos ciudadanos denunciaron que el Ayuntamiento no informó previamente sobre la entrada en vigor de la medida ni delimitó las zonas en las que se aplicaría, generando confusión entre conductores, sobre todo en áreas donde no existe señalización de parqueo permitido o prohibido.

A esto se suma que, según testimonios, algunos agentes de la Policía Municipal colocan los bloqueadores sin estar debidamente identificados y proceden a gestionar el pago de manera directa, instruyendo al ciudadano a llamar al número 809-588-3535, desde donde se coordina el retiro del dispositivo. El proceso, aseguran, no se realiza en una oficina autorizada de recaudación.

Lantigua también señaló que el cobro carece de respaldo legal, pues no está sustentado en ningún artículo específico ni existe una ordenanza que establezca montos, procedimientos o recursos de reclamación.

Instalación en múltiples zonas sin horario definido

Reportes ciudadanos indican que los bloqueadores se están colocando en distintos sectores del casco urbano, incluyendo áreas próximas a oficinas públicas y al Palacio de Justicia, sin criterios visibles ni horarios establecidos.

El dispositivo, conocido como cepo, inmoviliza completamente el vehículo al sujetarse a una de las ruedas, generando preocupación entre los conductores por el riesgo de daños y por la forma en que se está ejecutando la medida.